A través de un punto de acuerdo, la diputada del PRI, Marcela Guerra, urgió a las autoridades estatales a suscribir convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo búsquedas mediante datos biométricos y cruzar información de personas desaparecidas.
De acuerdo con la legisladora, estos acuerdos son una herramienta para enfrentar la crisis de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad de miles de familias en el país.
Entre los estados que no han suscrito los convenios se encuentran las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, así como las Fiscalías Generales Estatales de Baja California Sur, Jalisco, Sonora y Tlaxcala.
La crisis de desaparecidos en el país se ha convertido en un desafío estructural para el Estado, explicó la congresista del PRI, quien mencionó que las familias de las víctimas se enfrentan a procesos prolongados de búsqueda que afectan su bienestar físico, emocional, económico y comunitario.
Los sectores más vulnerables en materia de desaparición de personas son migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el mes de noviembre se registran 133 mil personas desaparecidas. No obstante, colectivos señalan que solo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada de 2017 a 2025.
