Tras días de negociaciones, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, crear la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia con modificaciones, en la que se establece que cualquier funcionario público, sin importar su rango, podrá ser juzgado por cualquier delito.
En tribuna, la oposición destacó la disposición al diálogo de Morena para “garantizar el respeto irrestricto a la autonomía a la soberanía de las entidades federativas de nuestra república federal estableciendo con toda claridad el ámbito que la norma suprema reconoce a las legislaciones locales en el juicio político o en el llamado desafuero de servidores públicos locales”, destacó la senadora del PRI, Claudia Ruiz.
Esto luego de afirmar que el dictamen enviado por la Cámara de Diputados presentaba “preocupantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas pero, sobre todo, contemplaba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en los que se funda el pacto federal”.
Por ello, en la negociaciones se buscó, dijo, “solventar las insuficiencias de la minuta haciéndola compatible con las disposiciones constitucionales de la materia, y teníamos que hacer valer nuestra función constitucional como cámara revisora”.
El dictamen que remitido de regreso a la Cámara de Diputados.
