En diversas instancias se denunció a Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), por su presunta participación como proveedor en la edificación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, mediante un entramado empresarial con el que eludiría la inhabilitación que la Función Pública aplicó a Citapia, luego que se acreditara su relación con el caso Odebrecht.
El documento desmenuzó que con firmas como Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa); Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A de C.V. (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, S.A. de C.V., y Fabricaciones Industriales MAO, S.A. de C.V., Tapia Vargas evadió la sanción de la secretaría al mando de Roberto Salcedo, después que se comprobara el vínculo con el desarrollo del expediente Odebrecht en suelo mexicano.
Ahí se detalló que una investigación periodística, con base en las declaraciones juradas de altos directivos de la brasileña, dio a conocer que Citapia estuvo implicada en la red de corrupción. Los testimonios referían que Lozoya le recomendó a la compañía extranjera asociarse con Citapia para trabajar en México y le solicitó sobornos a cambio.
Ante ello, se apuntó como parte del entramado a Mexicana de Recipientes a Presión SA de CV, que cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa); Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A de C.V. (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, S.A. de C.V., y Fabricaciones Industriales MAO, S.A. de C.V.
Por este motivo se solicitaron indagaciones de Juan Carlos Tapia, sus socios y familiares a la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación.
Según la descripción de los hechos, el 26 de julio de 2019 la filial de Pemex, PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., le adjudicó a Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V., propiedad de Juan Carlos Tapia, Gilberto Tapia, Selene Martínez Abarca y Carlos Morin Montes, éste último identificado como director jurídico de Citapia, el contrato PTI-ID-S-007/2019 para el Paquete 6 de la Refinería por 78.4 millones de dólares.
Casi un año y medio después de la asignación, agregó el escrito, Mexicana de Recipientes a Presión cambió su nombre a Procesos Especializados y Proyectos, S.A. de C.V. (Proesa). “Junto con Procura y Proyectos Oil & Gas S.A. de C.V., empresa creada en junio de 2020, Proesa es la accionista mayoritaria de Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi), con quien Tapia Vargas consiguió contratos en el megaproyecto, subcontratada por Techint y Samsung”.
Pero eso no sería todo, pues Grupo Constructor Industrial Oil & Gas, S.A. de C.V. también conocida como GCI, que compartió accionista con Proesa, consiguió subcontratos con ICA y Techint en Dos Bocas.
