Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados buscan elevar a rango constitucional la anulación de las elecciones federales o locales cuando se acredite la intervención del crimen o la delincuencia organizada.
La propuesta de reforma, presentada por la diputada Lilia Aguilar, fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, en la que se plantea que la modificación al artículo 41 constitucional es una medida de seguridad y defensa de la democracia ante los intentos de afectar la equidad de la contienda y libertad de sufragio.
Además, se promueve la protección de los candidatos y partidos políticos que se conducen en el marco de la legalidad, frente a aquellos que tienen respaldo operativo, financiero y coercitivo de grupos criminales.
Para acreditar la intervención de la delincuencia organizada se requieren pruebas objetivas y materiales, señala la diputada, a fin de evitar interpretaciones o valoraciones subjetivas. También, que la influencia del crimen debe ser grave, dolosa y determinante.
Argumenta que el sistema constitucional necesita una herramienta para enfrentar situaciones extraordinarias, donde las organizaciones criminales logren alterar la voluntad popular.
Asimismo, se busca dotar de certeza jurídica a las autoridades electorales, además de fortalecer la protección constitucional del voto libre y garantizar una elección legitima.
