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La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación (Segob) plantean como prioridad para el próximo año definir una línea de trabajo con los congresos locales para homologar la definición del delito de feminicidio y el tipo de sanción en el ámbito nacional, porque el 50 por ciento de los estados no han armonizado el marco jurídico al respecto.
La diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), destacó que sólo seis congresos locales han realizado un trabajo legislativo por actualizar el marco legal: Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala, Coahuila e Hidalgo.
En el caso del Estado de México, éste ocupa el primer lugar en feminicidios, cuyas víctimas son también niñas y adolescentes. Y el 70 por ciento de la incidencia sucede dentro de los hogares, no afuera, donde los infantes son víctimas y replican las agresiones.
Rojas Martínez apuntó que la falta de tipificación del feminicidio como un delito grave y la disparidad en los criterios para calificarlo evita que se aplique un castigo ejemplar que lo visibilice, prevenga y reduzca.
