Alertan riesgos de control social.

Activistas y familiares de personas desaparecidas cuestionaron la utilidad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas reportadas como ausentes. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta mediados de este año sumaban más de 130 mil casos en todo el país.

Durante el conversatorio “Voces de Esperanza: Diálogo Hasta Encontrarles”, realizado en la Universidad Iberoamericana, los participantes advirtieron que la medida aprobada por el Congreso podría representar riesgos de seguridad digital y un intento de control social, más que una herramienta efectiva de búsqueda.

El encuentro fue moderado por Santiago Corcuera, académico de la IBERO y expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien denunció un presunto intento oficial de subestimar la crisis. “La invisibilización de las autoridades en torno a la desaparición de personas no es parte de nuestra agenda en la Universidad Iberoamericana”, subrayó.

Carlos Ramírez, del Colectivo Hasta Encontrarles, consideró que la herramienta responde principalmente a la identificación de cadáveres y restos humanos, cuando la prioridad debe ser localizar con vida a las personas desaparecidas.

En tanto, Nadín Reyes Maldonado, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, afirmó que la medida responde a una lógica de “control social” y criticó que el Estado no utiliza los mecanismos que ya existen para enfrentar la crisis. “Todo con lo que ahora cuentan no lo ponen en marcha”, reprochó.

Por su parte, Jorge Verástegui coincidió en que la CURP biométrica podría ser útil en casos futuros, pero no resolverá los más de 130 mil que siguen sin respuesta. “Este documento no ayudaría a resolver los casos ya existentes”, advirtió, al coincidir con las preocupaciones sobre el uso del registro como herramienta de control poblacional.