El presidente de la República envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley para castigar hasta con 60 años de prisión el uso de drones para transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Esta propuesta tiene como fin establecer agravantes a los delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves piloteadas a distancia o vehículos aéreos no tripulados, y con ello prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, de la integridad física, emocional o vida de las personas que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación.
Cuando estos se cometan por un funcionario público o de alguna corporación policial, además de las penas, se destituirá de su empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.
