Sin avances caso de compra irregular de equipos de espionaje en la Policía Federal

Foto: Manuel Hernández

A un año de que la Auditoria Superior de la Federación detectara irregularidades en torno a la adquisición de tecnología para el espionaje de comunicaciones satelitales, no existe paso sustantivo para sancionar el presunto sobreprecio y subutilización de los equipos.

La principal responsabilidad recayó en Patricia Rosalinda Trujillo, quien fungía como Jefa de la División Científica durante la fecha de adquisición, quien tuvo que solicitar por este caso licencia como de Comisaría de la Guardia Nacional.

Cabe recordar que en gestión al frente de la Policía Federal se contrató el sistema de monitoreo de telefonía satelital LYNX para intervenir comunicaciones telefónicas vía satélite sin orden judicial, lo que permitió a la corporación realizar seguimientos en materia de seguridad nacional y seguridad pública.

Se pidió sanción a la entonces titular de la Comisaría de la Guardia Nacional por dicha adquisición que se realizó con el contrato PF/SG/DIVINT/CTO/005/2018 comercializado por servicios ESROME, S.A. de C.V. mediante un contrato de comisión u mandato general mercantil con la empresa GITA TECHNOLOGIES LTD,  empresa de origen israelí.

En febrero de este año, la ASF informó que, en junio de 2018, la Policía Federal (PF) adquirió un software por 500 millones de pesos sin estudios de mercado y con un presunto sobreprecio de 480 millones de pesos.

Las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador forman parte de un expediente del que se hizo conocimiento a la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento no existe funcionario de esa administración vinculado a proceso penal.

Sin embargo, en la FGR se informó que la carpeta de investigación sigue en integración y se recaban diversos dictámenes periciales y declaraciones que sirvan como fortaleza jurídica para judicializar la indagatoria y en su momento solicitar las ordenes de aprehensión.

De acuerdo con la fiscalización que realizó la ASF su personal se trasladó a instalaciones de la entonces Policía Federal, en Torreón Coahuila, donde se instaló uno de los sistemas de monitorio de comunicaciones satelitales y encontró diversas irregularidades.

La auditoría pudo establecer que el precio pagado por dicho sistema “de espionaje”,  fue adecuado ya que no se realizó un estudio de mercado y las autoridades en ese entonces argumentaron que debía mantenerse la secrecía de su adquisición o compra ante posibles riesgos en materia de seguridad.