El Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz; la Síndica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, y los 14 regidores que integran el Cabildo fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República.
En la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002047/2020, los denunciantes argumentan que el Ayuntamiento de Tijuana, así como cualquier otra instancia de índole local no tiene competencia para establecer reglamentaciones en materia de hidrocarburos.
La denuncia fue presentada por la empresa Blue Propane por invasión de atribuciones que son facultad exclusiva de la Federación.
El municipio aprobó un reglamento municipal, el pasado 28 de julio, donde se prohíbe la libre competencia en las actividades propias del sector hidrocarburos.
Sin embargo, de acuerdo con los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los petrolíferos e hidrocarburos son materia exclusiva de la Federación.
Mientras que el artículo 73 fracción X indica que solo el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de hidrocarburos.
“Lo que se está creando son disposiciones de carácter anticompetitivo que generan ventajas exclusivas a favor de los agentes ya establecidos y garantizan zonas de influencia en perjuicio de los consumidores, limitando sus alternativas de consumo, de ahí que la injerencia de las autoridades municipales sea constitutiva de un delito.
“En el caso que nos ocupa es la misma autoridad la que violenta el Estado de Derecho, atenta contra certidumbre jurídica y actúa en contra de sus gobernados”, señaló el Allán Jaramillo, representante legal de Blue Propane.
Jaramillo indicó que ya existe un antecedente de invasión de facultades cuando noviembre de 2016, cuando el cabildo, era presidido por Jorge Astiazarán Orcí, prohibió de manera indefinida la expedición de autorizaciones en materia de usos de suelo que implicaran la expedición y operatividad de estaciones de carburación de gas LP en la ciudad de Tijuana.
“Lo que la autoridad municipal pretende es continuar estableciendo acciones que disminuyan el porcentaje de participación en el mercado local, generando una sobre regulación que impida equilibrar las condiciones del mercado”, enfatizó.
“Continuaremos la lucha para ofrecer gas de calidad y a mejor precio, rompiendo así con el monopolio que Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas y Gas Silza, todas propiedad de la familia Zaragoza y que se han mantenido durante décadas, bajo la protección de las autoridades municipales y estatales que impiden la libre competencia”.
