En la Cámara de Diputados buscan elevar a rango constitucional el derecho al transporte público de calidad, rápido y suficiente mediante una reforma al artículo 4o de la Carta Magna, al considerar que debe existir un tratamiento diferenciado al derecho a la movilidad.
La iniciativa de la diputada por Morena Patricia Armendáriz fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se plantea establecer requisitos mínimos para la operación del transporte público, incluyendo la facultad a la Federación para que coordine y dirija este tema.
La legisladora especifica que uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida de los usuarios y ofrecer un acceso simplificado a centros de trabajo, educación, salud, ocio y cuidado del medio ambiente con unidades ecológicamente responsables.
Argumenta que se requiere una estructuración de fondo ante la amplitud del derecho a la movilidad, la limitada insuficiencia presupuestaria, el crecimiento poblacional y esquemas obsoletos orientados al vehículo privado.
Asimismo, la propuesta de reforma constitucional puntualiza que el derecho al transporte público es interdependiente, conexo y complementario al derecho a la movilidad.
