Senadores plantean nuevos filtros para elección
En el Senado de la República se realizó el foro Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México, convocado por el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, donde se reconoció la necesidad de hacer cambios a la reforma judicial aprobada hace año y medio, especialmente en los mecanismos de selección de aspirantes.
Corral citó observaciones del informe Estudios Económicos de la OCDE, México 2026. “Y ha prevenido textualmente que México es el único país que elegirá todos los jueces por voto popular, lo que implica un riesgo para la imparcialidad judicial. Un poder judicial percibido como vulnerable a la influencia política puede desalentar la inversión, particularmente en sectores sensibles o en aquellos donde puedan surgir disputas con el estado”.
También expuso señalamientos sobre el impacto económico de la reforma. “Observadores extranjeros también han señalado que la reforma judicial genera incertidumbre en el clima de inversión, particularmente en rubros como energía, agricultura y administración de pensiones del empleo formal”.
El senador añadió que la primera experiencia dejó deficiencias en la selección de perfiles. “Y si hay un punto donde conviene concentrar el esfuerzo es en la selección de quienes aspiran a juzgar. Durante nuestra primera experiencia no hubo parámetros suficientemente definidos para valorar trayectorias, capacidades técnicas, perfiles éticos. También se observaron dinámicas donde en no pocos casos, intervinieron estructuras de apoyo de grupos de poder que influyeron en la definición de candidaturas”.
Durante el foro también se mencionó el uso de acordeones en la votación pasada. “Hay que prevenir a toda costa la captura partidista de las candidaturas, el clientelismo político judicial y el uso nocivo de los mentados acordeones. A esto se sumó una dificultad genuina para la ciudadanía, elegir entre perfiles poco conocidos, con información limitada, sin herramientas para distinguir preparación o experiencia”.
Las propuestas centrales fueron establecer una certificación técnica previa, ajustar los tiempos del proceso para llevarlo a 2028 y reforzar los requisitos de experiencia. La senadora Susana Harp explicó: “Por ello se propone que las personas aspirantes previamente obtengan una certificación emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial y en el proceso de selección sean evaluados por un comité único y especializado. Estas modificaciones aportan elementos de mayor objetividad e imparcialidad que un promedio mínimo en una licenciatura o cartas de recomendación”.
Además, se planteó evaluar conocimientos en derecho constitucional, derechos humanos, razonamiento jurídico, perspectiva de género e interpretación de normas. Para ser ministro se propondrían al menos 10 años de práctica jurídica y cinco dentro del Poder Judicial; para magistrados, siete años de experiencia. Para concretar estos cambios constitucionales sería necesario un periodo extraordinario de sesiones.
