La valoración periódica de su salud mental y el acceso oportuno a atención psicológica y psiquiátrica para mujeres privadas de su libertad, desde que acceden a un centro penitenciario, es el contenido de una iniciativa presentada por la diputada de MC Laura Ballesteros.
Contempla que la autoridades penitenciarias implementen protocolos permanentes de prevención, detección y atención de riesgos suicidas y autolesiones, también con la identificación de factores de riesgo, intervención y seguimiento.
Se trata de una propuesta que modifica la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se incluye que la atención deberá respetar la perspectiva de género, respeto a la dignidad humana, confidencialidad y consentimiento informado.
Argumenta que la permanencia en un centro penitenciario puede acompañarse de factores que afecten la estabilidad emocional y psicológica de las mujeres, como el aislamiento, la separación de hijas e hijos, la pérdida de redes de apoyo, antecedentes de abandono o violencia familiar.
Apunta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que las mujeres privadas de su libertad requieren acciones diferenciadas, especializadas e interdisciplinarias para garantizar condiciones dignas de reclusión e inserción social.
Dicha institución ha identificado falta de recursos, instalaciones, especialistas y espacios para la atención de la salud mental de las mujeres privadas de la libertad.
