La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por los presuntos cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio por el caso Ueno Bank, cuyo colapso provocó una crisis financiera y dejó a casi tres millones de personas sin acceso a su dinero.
Asimismo, solicitó prisión preventiva y la inhibición de bienes del exmandatario, un día después de que el Congreso lo destituyera en un juicio político, luego de las protestas de los ahorradores afectados.
La Fiscalía sostiene que, durante su gobierno, Santiago Peña habría intervenido en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, en presunto beneficio de intereses particulares.
De acuerdo con la investigación, el banco recibió entre 2023 y 2026 importantes depósitos de organismos públicos y fondos previsionales, mientras realizaba operaciones crediticias con empresas vinculadas que presentaban irregularidades.
La investigación también involucra a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien está acusado de los mismos delitos.
