El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue presuntos actos de corrupción e irregularidades en el ejercicio de recursos públicos del instituto.   

En un comunicado, el órgano electoral destacó que esta acción “responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.   

El INE reiteró su política de cero tolerancia a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales. 

Esta acción se suma a las seis denuncias penales que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE presentó ante la FGR contra exfuncionarios y funcionarios del instituto electoral, así como de personas morales, por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos. 

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de 25 personas y 15 empresas vinculadas a proveedores electorales. 

La crisis en el INE surgió tras darse a conocer un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores. 

El escándalo provocó la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, así como de al menos 30 colaboradores y directivos cercanos a ella.