Si bien representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno Federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población, como la reforma para crear un “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” que contenga los datos biométricos de las personas y geolocalización, destacaron las complicaciones técnicas, de seguridad y presupuesto para ponerlo en marcha
En una reunión a distancia con senadores de las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos y representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ana de Saracho, de Canieti, afirmó que “no está comprobado que un registro de usuarios reduzca el delito de extorsión”
“Ya vimos cuando se instauró hace 10 años con la implementación del Registro Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, tampoco sucedió esto. Lo que si vemos es que se pueden generar otros delitos como es la posibilidad de tener un mayor robo de celulares, suplantación de identidad y secuestro exprés”, destacó.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruíz, de Acción Nacional, hizo un llamado para analizar técnicamente la propuesta, porque los delincuentes podrían utilizar dispositivos de otros países, como Guatemala y Estados Unidos.
El Comisionado del IFT, Sóstenes Díaz González, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos.
El dictamen de reforma para la “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, fue turnada de la Cámara de Diputados al Senado.
