Abogados que dieron a conocer una red de “moches” a través de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, revelaron que fue concedido un laudo de 55 millones de pesos contra Operagua, el organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Los litigantes afirmaron que el caso — asentado en el expediente laboral SAT 459/2018 — es un asunto de tres trabajadores, pero fue Rafael Márquez Muñoz, que se desempeñaba como auxiliar administrativo, quien obtuvo una condena a su favor por 40 millones de pesos en perjuicio de Operagua.
“Es un acuerdo con la presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, Janet Minutti Rodríguez, condenar laudos millonarios (…) ese monto exagerado se debe a la complicidad de los abogados del actor con la misma presidenta”, acusa el grupo, el cual señala que Minutti contribuyó para que Operagua haya perdido, debido a que “jamás fueron notificados del inicio del juicio por las vías legales”.
Este caso se suma al que fue destapado anteriormente sobre Octavio Peñaloza Lugo, secretario adjunto a Norberto Morales Poblete, titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, ya que, de acuerdo con los abogados, Peñaloza Lugo obtuvo un laudo a su favor por casi 4 millones de pesos por tan sólo cuatro meses de trabajo en el Ayuntamiento de Naucalpan.
Los abogados afirmaron que el hecho de que se haya obtenido un rápido resultado para el expediente laboral SAT 486/2022, “se debe al contubernio que existe entre el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, con Janet Minutti”, así como por la colaboración de los abogados del Ayuntamiento de Naucalpan, “quienes contestaron la demanda, ya que la condena tan alta de 3 millones 900 mil pesos es infame, porque el señor Peñaloza, no tenía derecho al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por las que fue condenado el Ayuntamiento de Naucalpan, porque aún no cumplía con el mínimo requerido por la Ley”.
Clasificaron el caso para evitar el acceso a los expedientes
Los defensores acusan que han solicitado copias de los expedientes a través del instituto de transparencia; sin embargo, señalan que, para ocultar las pruebas de los ilícitos en que ha incurrido, Janet Minutti ordenó cambiar las actuaciones de aquellos juicios en los que aparecen las anomalías que la Sala que encabeza ha cometido “y se ha negado a dar copia de los expedientes en que ha estado inmiscuida, con el argumento de que es información reservada sólo a funcionarios” e incluso, los abogados temen que se hayan modificado datos para que la antigüedad laboral de Peñaloza sea de más de un año y no de cuatro meses o — peor aún — que los expedientes anteriores que comprueban la manipulación de datos hayan desaparecido con las fechas originales.
“Se han empeñado en hacer todo hermético, ya nadie puede consultar expedientes excepto ellos y desde la Secretaría de Trabajo del Estado de México están encubriendo todos esos movimientos con una comisión a modo integrada por miembros de sus mismos equipos de trabajo para que no se reporten anomalías, cuando Contraloría debería ser la encargada de ello”.
Por ello, el grupo de abogados denunciantes reiteran su llamado a la gobernadora Delfina Gómez, al secretario de Gobierno mexiquense, Horacio Duarte y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se ponga freno a esta red de moches que ha congelado juicios de laudos incluso por más de 15 años, afectando directamente a trabajadores.
