En tan solo tres meses se ha registrado el fallecimiento de seis internas en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla; sin embargo, las autoridades capitalinas han optado por el ‘silencio’ sobre brindar mayor información de las muertes, que estarían relacionadas con hechos de extorsión, violencia y abuso, denunció la diputada local por el PAN, Olivia Garza.
La legisladora presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH CDMX) debido a la falta de la emisión de recomendaciones o un pronunciamiento público sobre los hechos acontecidos en el penal femenil. Hasta el momento, la Comisión solo abrió dos quejas de oficio.
“El día de hoy estoy presentando una queja aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de la visitaduría de reclusorios porque se registraron seis muertas y no se ha emitido una sola recomendación”.
Añadió que no se han presentado medidas que busquen prevenir muertes al interior del penal femenil, mientras las familias de las mujeres fallecidas buscan respuestas sobre qué sucedió en el lugar.
“No vemos acciones del gobierno para evitar que esto siga sucediendo. No olvidemos que las personas privadas de la libertad tienen derechos humanos y estos derechos humanos deben ser protegidos por el Estado. Esto no puede ser permitido”.
Las fallecidas son Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, quienes perdieron la vida por asfixia, broncoaspiración, acidosis metabólica, complicaciones por hipertensión arterial y falla renal, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque no se ha detallado si estas causas están ligadas a actos de extorsión, violencia o abusos dentro del centro de reclusión.
“Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura, seis mujeres perdieron la vida dentro del penal en apenas tres meses. Seis hijas, seis madres, seis hermanas, seis familias que hoy exigen respuestas”.
Además, la legisladora local también presentó recientemente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir una investigación seria sobre estos hechos.
“Cuando una persona está privada de la libertad, el gobierno tiene la obligación de proteger su vida, su integridad y su seguridad, por eso presenté una denuncia, para exigir una investigación seria. Queremos saber qué pasó”.
También, la diputada indicó que el objetivo de ambos recursos es determinar si se registraron omisiones por parte de servidores públicos, tanto al interior del penal como la atención y mecanismos de prevención tras las muertes.
