Un estudio de la IBERO revela desigualdad en el suministro
Guadalajara registra la mayor probabilidad de fallas y fugas en el suministro de agua potable entre 90 de las principales ciudades de México, de acuerdo con un estudio de especialistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO). El análisis también encontró que los hogares de menores ingresos enfrentan más problemas para recibir el servicio y que las mujeres que encabezan una familia tienen mayor riesgo de sufrir interrupciones.
La investigación, elaborada por el doctor Oscar A. Martínez-Martínez y el maestro Miguel A. Martínez Ríos, se basó en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondientes al tercer trimestre de 2024, con respuestas de 24 mil 96 personas. En el conjunto analizado, 62 por ciento reportó fallas en el suministro de agua potable.
Los resultados muestran que la probabilidad de sufrir problemas aumenta conforme disminuye el nivel socioeconómico: es 68 por ciento mayor en los hogares de estrato bajo que en los de estrato alto. Además, las viviendas encabezadas por mujeres tienen una probabilidad nueve por ciento superior a las encabezadas por hombres. Los investigadores también encontraron una relación entre las fallas de agua y los problemas de drenaje y aguas residuales.
El estudio cobra relevancia ante las denuncias de habitantes de Jalisco por agua turbia, mal olor y afectaciones a la salud. Los autores advierten que contar con tubería no garantiza un servicio regular ni agua en cantidad y calidad suficientes. También señalan que la falta de información accesible sobre el tratamiento y la calidad del líquido genera desconfianza y obliga a muchas familias a gastar en agua embotellada, filtros y depósitos.
Martínez-Martínez y Martínez Ríos sostienen que el acceso al agua potable es un derecho constitucional y que la ciudadanía puede impugnar cobros y exigir la reparación de daños. Entre sus propuestas están invertir en detección de fugas, captación de lluvia y plantas de tratamiento comunitarias; proteger las zonas de recarga y establecer tarifas progresivas que consideren el consumo. También plantean fortalecer a los organismos operadores y evaluar el acceso no solo por la infraestructura instalada, sino por la calidad, cantidad y frecuencia con que el agua llega a los hogares.
