Al respaldar la estrategia contra la extorsión del gobierno federal, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez, afirmó que son necesarias reformas legislativas que garanticen resultados efectivos.
Agregó que es necesaria una reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley General de Extorsión que permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país.
“Urge atender la extorsión con inteligencia, protocolos eficaces y legislación específica para frenar uno de los delitos más lesivos para las empresas. Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias”.
El líder del sector patronal a nivel nacional recordó que los datos oficiales reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática: en nuestro país; cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto generó pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
Mientras que #DataCOPARMEX, recordó que el 12.8% de sus socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer.
Por ello advirtió que la extorsión no puede seguir siendo parte de la normalidad.
“La creación de Unidades Antiextorsión locales como una medida necesaria, resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata. Asimismo, coincidimos en la importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento. En particular, consideramos urgente actuar con firmeza frente a las llamadas de extorsión que se realizan desde centros penitenciarios”.
Juan José Sierra Álvarez, consideró indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales. Un solo modelo no basta para una nación tan diversa. “En entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección. En zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”, deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido”.
“La estrategia debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen. Por eso es fundamental contar con operadores del 089 capacitados en manejo de crisis, con la posibilidad de usar también canales digitales para una atención más efectiva y discreta”.
Por último, destacó que las Mipymes son la base de la economía y generan el 65% de los empleos formales en México. Sin embargo, son las más afectadas por la extorsión, ya que tienen menos recursos para protegerse. Por eso, la estrategia contra este delito debe incluir apoyo especial para ellas, como atención rápida, asesoría legal y programas de prevención, para que puedan seguir creciendo sin miedo.
