Investigadores del IIJ-UNAM señalan que la muerte digna avanza en el mundo
En el mundo existen 16 países donde la muerte asistida es un derecho, ya sea por vía legal, jurisdiccional o jurisprudencial, y al menos dos más —Francia y Reino Unido— discuten su aprobación, expuso el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos.
Valadés recordó que el primer caso se registró en 1998 en el estado de Oregon, Estados Unidos, y que a partir del año 2000 comenzó la expansión de estos marcos normativos. En México, detalló, se han superado resistencias y la mayoría de las entidades regulan actos de voluntad anticipada. Además, citó que el artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a una vida digna, lo que “contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”.
El investigador afirmó que abrir la discusión representa un avance y subrayó que la eutanasia es una “elección libre” con protocolos rigurosos para evitar desviaciones, enmascaramientos de homicidio o decisiones motivadas por cuadros depresivos. Señaló que la sociedad mexicana ha madurado y que personas creyentes de diversas religiones apoyan enfoques centrados en la dignidad humana.
Valadés sostuvo que el derecho está hecho para todas las personas y que la dignidad es parte de la estructura jurídica de la personalidad. Agregó que, cuando alguien enferma y pierde su dignidad, el Estado o terceros suelen imponer la obligación de vivir, pese a que para esa persona la vida ya no tenga ese sentido. Comparó la soberanía del Estado con la capacidad individual de autorregulación, siempre que no se afecten derechos de terceros.
Por su parte, María de Jesús Medina Arellano, también académica del IIJ, señaló que es necesario anticipar decisiones sobre el final de la vida y recordó que existen recursos como la sedación terminal, la suspensión de tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico. Indicó que la Ley General de Salud y diversas legislaciones locales protegen las voluntades anticipadas y destacó que los cuidados paliativos permiten optar por morir en casa.
Medina Arellano sostuvo que vivir con dignidad implica morir de la misma manera y que el Estado debe garantizar la ausencia de tortura o agonía al final de la vida. Añadió que hay sufrimientos sin alivio y que ninguna persona debería enfrentar el tormento de no poder concluir su dolor, por lo que consideró que la muerte digna debe entenderse como una decisión respetada en un Estado constitucional.
