Diputados federales del PRI, PAN y PRD, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, por el atropello a principios y disposiciones constitucionales.
Los legisladores consideran que el Plan B de la Reforma Electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto.
Advierten también sobre la falta a la equidad en procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluso en medio de un proceso electoral.
