La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para impedir que alguien ocupe cargo, empleo o comisión del servicio público, cuando haya sido sentenciado por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género.
También quedará suspendido este derecho, cuando la persona sea declarada como deudora alimentaria morosa, y tampoco podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular.
Finalmente, se plantea que para que ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos treinta y cinco años; contar con título profesional de licenciatura en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
