Especialistas advierten que retirar los teléfonos de las aulas no resuelve los riesgos asociados con las redes sociales
Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron que la regulación del uso de celulares en las escuelas sea presentada como una solución a los problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet, al señalar que también deben revisarse el funcionamiento y las prácticas de las plataformas digitales.
Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, calificó la regulación de celulares como un “engañabobos” y sostuvo que el problema no son los aparatos, sino la manera en que se aborda la seguridad y el uso de las redes sociales.
“Prohibir los celulares ya eso es inconstitucional. Hablemos de regular”.
El especialista señaló que cualquier regulación debe considerar las condiciones de cada escuela y evitar medidas discriminatorias. Agregó que, si se restringe el uso de los teléfonos a estudiantes, también deberían contemplarse los dispositivos utilizados por maestros y maestras.
Durante la conferencia “Más allá de la regulación del celular en las escuelas”, Fiorentina García Miramón, de Tec Check, explicó que limitar el teléfono durante la jornada escolar puede ayudar a recuperar la atención y la convivencia, pero no elimina los riesgos que existen dentro de las plataformas.
Entre ellos mencionó las notificaciones, el desplazamiento continuo de contenidos, las recomendaciones personalizadas, los videos que se reproducen automáticamente y otros mecanismos diseñados para mantener a los usuarios conectados.
García Miramón planteó que las políticas públicas deben considerar también cómo funcionan las plataformas y qué medidas aplican para proteger a los menores. En ese sentido, cuestionó que las empresas ofrezcan mayores protecciones a adolescentes en Estados Unidos que a quienes utilizan sus servicios en México.
Por su parte, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, consideró necesario ampliar el debate hacia la vigilancia y la extracción de datos personales que realizan las plataformas, además de establecer políticas públicas para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Durante el encuentro se señaló que 17 entidades federativas ya cuentan con legislación relacionada con el uso de celulares en las escuelas, aunque los participantes sostuvieron que esas normas son inconstitucionales pero hasta ahora no han sido impugnadas.
