La diputada federal del PT, Lilia Aguilar Gil, impulsa reformas al Código Penal Federal, para incluir entre los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, el omitir o abstenerse injustificadamente de realizar la investigación de un hecho delictivo, negar la calidad de víctima directa, indirecta o potencial y obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación.
Para castigar estas omisiones, se prevén penas de 4 a 10 años y de 100 a 150 días multa, que se aumentarán en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando se acredite que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación en razón de género o condiciones personales de la víctima.
Finalmente, se detalla que el objetivo es que todas las personas que han sido víctimas de hechos delictivos vean garantizado su derecho de acceso a la justicia y se erradiquen las malas prácticas en la actuación de los servidores públicos.
