Especialista plantea tres retos para mejorar las investigaciones.
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, representa un avance judicial, pero no resuelve las deficiencias estructurales que enfrenta el Estado mexicano para investigar las desapariciones forzadas. Así lo afirmó Salvador Guerrero, director de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana.
El especialista señaló que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el caso mantiene tres grandes pendientes: profesionalizar a las instituciones encargadas de investigar estos delitos, fortalecer e independizar los servicios forenses y construir una coordinación efectiva entre fiscalías, policías, servicios periciales y el Poder Judicial. Consideró que estas tareas son indispensables para garantizar investigaciones más eficaces y el acceso a la verdad y la justicia.
Guerrero recordó que el caso Ayotzinapa marcó un parteaguas al evidenciar las deficiencias institucionales para atender las desapariciones forzadas y al desmontar la llamada “verdad histórica”, lo que abrió nuevas líneas de investigación sustentadas en evidencia científica y pericial. Además, colocó bajo escrutinio internacional la actuación de las autoridades y la posible participación, por acción u omisión, de distintos niveles de gobierno.
El académico añadió que el caso también impulsó reformas legales, fortaleció el papel de las familias de las víctimas en la búsqueda de justicia y colocó en la agenda pública la necesidad de crear instituciones especializadas para atender la crisis de personas desaparecidas. Sin embargo, advirtió que la identificación de víctimas, la coordinación entre autoridades y el fortalecimiento de las capacidades técnicas siguen siendo asignaturas pendientes.
Finalmente, sostuvo que mientras no se fortalezcan las instituciones encargadas de investigar, identificar a las víctimas y coordinar la respuesta del Estado, casos como Ayotzinapa continuarán reflejando las debilidades estructurales del sistema de justicia mexicano.
