Oposición advierte riesgos porque no hay certeza de quién tendrá acceso a la información

En la Cámara de Senadores avanzó en comisiones el decreto por el que se reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal. De aprobarse en el pleno, las operaciones financieras de desarrolladores inmobiliarios, notarios, fideicomisos, comerciantes de arte, criptomonedas y vehículos de lujo entre otros sectores, estarán bajo vigilancia de la Secretaría de Hacienda para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

La argumentación para aprobar ese decreto vino de Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado: “Quiero destacar por su relevancia que la reforma amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, actualiza definiciones de importancia como relación de negocios, amplía la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado”.

Sin embargo Carolina Viggiano del PRI, dijo no estar de acuerdo porque el decreto “plantea el uso de la Guardia Nacional para investigar los delitos de lavado de dinero, pero sin control del Ministerio Público y sin supervisión judicial’’.

Por el PAN, Guadalupe Murguía alertó “de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia’’.

El decreto que fue aprobado por la mayoría morenista, se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara Alta.