El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponga sanciones a los servidores públicos derivadas de procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, en las que además se debe considerar si hubo participación coordinada de dos o más funcionarios públicos o particulares en actos u omisiones.
Al fundamentar el dictamen que fue enviado al Senado, el diputado de Morena, Juan Ángel Bautista Bravo, explicó que el objetivo es inhibir y combatir formas “asociativas” entre servidores públicos o entre éstos y particulares para violar la ley.
“El cáncer de la corrupción constituye un complejo fenómeno que penetra a las instituciones públicas, se desdobla en diferentes delitos, inhibe el desarrollo nacional, disminuye la confianza en la sociedad e impacta negativamente en la democracia”.
