El registro de usuarios de telefonía móvil que busca crear el gobierno federal través de la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para investigaciones y combate de delitos no garantiza la protección de datos personales de los titulares de las líneas telefónicas.
Aunque en el artículo 12 se detalla que buscarán un diseño respetuoso de los derechos humanos y la privacidad, no se especifica cómo protegerán la información y qué institución será la encargada de hacerlo.
Así lo contó a los micrófonos de 88.9 Noticias el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, quien subrayó la necesidad de establecer al responsable y encargado del tratamiento de datos en la legislación.
“Debe establecerse de manera explícita, clara, cómo se va a garantizar la protección de datos personales. Una cosa es que tú los trates, pero cómo voy a garantizar la protección de los datos personales”.
Al respecto, agregó que, antes de conformar una plataforma o base de datos con CURP, credencial de elector u otras identificaciones personales, es importante tener un plan para blindar la información.
“Para tener esos registros es necesario tener un plan de seguridad y protección de la información, esto debe ser antes de que entre en vigor y se establezca de manera expresa en la legislación, lo cual no ocurre”.
Advirtió que, además de vulneraciones a los datos personales de la ciudadanía, se podrían generar violaciones a los derechos de portabilidad, al acceso a las tecnologías de la información y al principio de proporcionalidad por una excesiva recopilación de datos.
“Me parece muy delicado que se dejen abiertos accesos para que cualquier institución de seguridad pública, no solo la secretaría federal o de los estados, todos ellos, cualquier institución de seguridad pública”.
Además, el comisionado presidente del INAI llamó a revisar otros casos fallidos de implementación de registros de usuarios de telefonía móvil, aunque enfatizó que el objetivo en materia de seguridad es válido.
“Esta nueva propuesta de ley, todas las medidas normativas, legislativas, mecanismos, instrumentos tecnológicos que tengan por efecto darle mayor seguridad a los habitantes de este gran país debe ser bien recibida; sin embargo, yo creo también que esta nueva iniciativa de ley observe las experiencias pasadas”.
