El gobierno federal busca poner en marcha un registro nacional de usuarios de telefonía móvil bajo el argumento de combatir delitos como la extorsión o el secuestro, así lo plantea la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el documento, se detalla que su diseño será respetuoso con los derechos humanos y la privacidad; no obstante, recabará el número telefónico, CURP o datos de la credencial de elector del titular de una línea telefónica. En el caso de las personas morales, se realizará mediante el Registro Federal de Contribuyentes.
“El registro de alta de usuarios de telefonía móvil deberá garantizar que las personas usuarias estén asociadas, con una o más líneas telefónicas móviles, mediante el número telefónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial para votar o cualquier identificación oficial tratándose de personas físicas”, se lee en la iniciativa de ley.
Las empresas de telefonía o prestadores de servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de realizar el registro de alta de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas. Además, inhabilitar aquellas que no tengan un titular.
“Los operadores móviles únicamente podrán activar las líneas telefónicas para operar en su red, cuando estén previamente registradas”.
Esta información se utilizaría para una plataforma, la cual estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Al respecto, las instituciones de seguridad podrían acceder al registro por sus facultades para investigar y perseguir delitos.
Registros telefónicos, entre varios intentos fallidos
Los registros de telefonía móvil se han intentado poner en marcha en dos ocasiones en el país, primero, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y, posteriormente, en la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT) se puso en marcha en el año 2008, pero pronto llegó su eliminación, en 2011, debido a filtraciones de la base de datos.
Por su parte, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó efectuó la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) tras la presentación de una controversia constitucional por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Argumentó violaciones al derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, a la privacidad y la protección e datos personales, incluidos biométricos. Fue en 2022 cuando la Corte lo declaró inconstitucional.
