La iniciativa de reforma para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un peligro para los derechos humanos y la democracia en el país, advirtieron organizaciones como Amnistía Internacional, Seguridad Sin Guerra y La Justicia que Queremos, por lo que llamaron a los legisladores federales a reflexionar sobre las consecuencias de la propuesta que ha impulsado el presidente mexicano.
“El presidente, cuando era candidato, decía: ‘No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia’. Y hoy le decimos al presidente ‘tenía razón, después de seis años nos damos cuenta que no es con el Ejército como se pueda resolver la violencia que vive el país”.
Expresó Marisol Méndez, de Fundación para la Justicia, en la conferencia “No dar el poder total a las Fuerzas Armadas”.
El otorgar más facultades a la Guardia Nacional significa que las Fuerzas Armadas tendrían el control de la seguridad pública, la seguridad nacional, investigación, control fronterizo, de aduanas, construcciones públicas, entre otras funciones, bajo el cobijo de la opacidad y el fuero militar.
Estas organizaciones civiles aseguraron que ha quedado demostrado a lo largo del sexenio que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no es la vía para el combate del crimen, lo que aseguraba el mismo titular del ejecutivo cuando estaba en campaña, antes de ocupar la silla presidencial.
Al respecto, la Guardia Nacional perdería todo tipo de carácter civil desde su cabeza, pues su titular sería un General de División elegido por el presidente mexicano a propuesta del secretario de Defensa.
Las preocupaciones sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena se incrementan al revisar el registro de violaciones a los derechos humanos cometidas por la corporación. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ocupa el séptimo lugar, con 1 mil 772 expedientes.
En tanto, las detenciones arbitrarias, las faltas a la legalidad, prestar indebidamente el servicio público, el uso excesivo de la fuerza pública y la transgresión a los derechos humanos de las personas migrantes, son algunas de las principales denuncias en contra de la Guardia Nacional.
