La interrupción legal del embarazo o aborto para casos de víctimas de violencia sexual, por ejemplo embarazos infantiles, debe garantizarse de manera efectiva en las instituciones de salud, así lo exhortó en entrevista con 88.9 Noticias Verónica Esparza, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización feminista de defensa de derechos humanos.
“El problema es que reconocer el derecho en esta norma o en una norma, no necesariamente siempre garantiza por sí mismo que la persona víctima de violencia sexual pueda ejercerlo de manera efectiva. Cuando hablamos de embarazos de niñas, especialmente niñas que tienen menos de 15 años, tenemos que hablar también de violencia sexual”.
Esto luego de casos como el de una menor de 11 años de Tamaulipas, quien quedó embarazada tras ser víctima de violación por parte de su padrastro Sirenio “N”, ya detenido. Aunque la menor accedió al servicio para interrumpir el embarazo, no siempre siempre sucede en este tipo de incidentes.
La Norma Oficial Mexicana 046 establece que las víctimas de violencia sexual tienen derecho al aborto, sin necesidad de una denuncia penal ante un Ministerio Público o protesta de decir verdad, indicó la especialista.
“En México tenemos esta Norma Oficial Mexicana 046 que establece que cuando un embarazo es producto de una violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción del embarazo sin que exista algún requisito adicional”.
Sin embargo, la práctica es distinta, pues existen una serie de barreras a las que se enfrentan niñas, adolescentes o mujeres jóvenes que presentan estos embarazos, principalmente la falta de capacitación del personal de salud en cuanto al conocimiento de la norma, procesos burocráticos y estigmas que persisten.
“En la práctica sí encontramos distintas barreras: uno es el desconocimiento de la propia normativa por parte del personal de salud, el estigma que todavía rodea al tema del aborto, los prejuicios, procesos administrativos que no necesariamente son necesarios, falta de personas que esté capacitado y, en algunos casos, la canalización de una institución a otra”.
Señaló que muchas personas acuden a los servicios de salud con temor a ser denunciadas por el propio personal y a sufrir revictimización; en algunos casos, la atención médica puede dejar de ser prioritaria en clínicas u hospitales.
“Creo que no es solamente preguntarnos si el aborto está permitido en estos casos, la pregunta que siempre tiene que guiar en estos temas es: ¿Una niña puede llegar a un servicio, recibir información adecuada y acceder efectivamente a la atención que necesita de manera oportuna sin ser revictimizada?”
Apuntó que una niña o joven no debería encontrarse con esos cuestionamientos, juicios morales o solicitudes de ciertos requisitos que la norma no contempla cuando ha decidido acceder al aborto.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México encabeza la incidencia de abuso sexual infantil, con 4.5 millones de menores afectados anualmente. Los perpetradores son personas cercanas a las víctimas, principalmente familiares.
