Son culpables por el incendio de la Guardería ABC determina la SCJN

Pleno de la SCJN
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN.

Son responsables de homicidio y lesiones culposas por la cadena de negligencias que provocó el incendio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que 22 personas son culpables, por negligencia, por los hechos registrados en la Guardería ABC, en los que perdieron la vida 49 niños.

La corte ordenó al Tercer Tribunal Unitario en Hermosillo, fijar nuevas penas, mismas que podrían superar los cuatro años de prisión, por eso los sentenciados que han estado libres durante todo el proceso, tendrán que internarse voluntariamente o se ordenará su reaprehensión.

Los ministros concedieron la protección de la justicia federal (Un amparo) a los padres de las víctimas, que impugnaron en su momento, la absolución de tres coordinadoras zonales de guarderías del IMSS, quienes ahora tendrán que ser procesadas por uso indebido de atribuciones.

Así, se confirma que 19 personas, entre personal del IMSS, del gobierno estatal y municipal, así como los dueños de la guardería, son responsables de homicidio y lesiones culposas por la cadena de negligencias que provocó el incendio en una bodega de la Secretaria de Hacienda estatal.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte,  concedió el amparo Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería, y a Martín Lugo Portillo, ex director de Bomberos de Hermosillo, ambos condenados a 28 años y 11 meses de cárcel.

La Corte consideró que el tribunal unitario violó el artículo 14 de la Constitución en perjuicio de los acusados, ya que, al calcular la pena de cárcel, no aplicó el artículo 64 del Código Penal Federal que regula el “concurso ideal” de delitos, argumentando que, de hacerlo, la pena sería muy baja e iría contra el interés superior de los menores.

Por este motivo, el magistrado multiplicó la pena por cada una de las víctimas, incluidos cinco adultos lesionados, lo que según la Corte fue ilegal y violó derechos constitucionales de los acusados.