Dieciocho familiares, especialistas y activistas integrarán el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas por un periodo de tres años
El Senado de la República aprobó por unanimidad el nombramiento de 18 personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas. Entre los nuevos consejeros se encuentran familiares de personas desaparecidas, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La senadora priista Claudia Anaya celebró la creación de este espacio, pero lamentó que no se contemple un aumento de recursos en el proyecto de presupuesto.
“Qué bueno existe este tipo de consejos pero qué malo que en el paquete económico 2026 no vengan aumentos presupuestales para las áreas de víctimas, de búsqueda o las fiscalías especializadas, porque ese era el presupuesto y es justo en la incorporación de los marcos normativos en donde más podemos apoyar para encontrarlos, para encontrarlas porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos”, señaló.
Los consejeros desempeñarán su cargo de manera honoraria durante tres años, sin posibilidad de reelección, y no podrán ocupar al mismo tiempo puestos como servidores públicos.
En la categoría de familiares de personas desaparecidas se nombró a Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco, entre otros.
Como especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas e investigación forense, fueron designados Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.
En representación de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos se sumaron Emmanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Silva y Gerardo Jessel Islas Villagómez.
Con estos nombramientos, el Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas contará con voces diversas y con experiencia directa en la problemática, aunque persisten las críticas por la falta de recursos asignados para fortalecer las áreas que atienden a víctimas y desaparecidos.
