La Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más no toma en cuenta a la sociedad ni a las víctimas de delitos, al aprobar un proyecto para que por lo menos 80,000 procesados a nivel nacional que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva (40.9% de la población carcelaria) tengan la oportunidad de solicitar que se revise dicha medida cautelar y puedan llevar su proceso en libertad.
Aseguró a través de un comunicado la presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, quien detalló que lo más grave es que no se especifica cuántas veces pueden solicitar este cambio de medida en caso de no tener un resultado favorable, lo cual evidentemente saturará aún más el sistema de impartición de justicia.
Aunado a que los jueces no están obligados a tomar en cuenta el riesgo social, las conductas criminales previas y la protección a las víctimas y sociedad, es decir pesan más los derechos de los imputados.
