No conforme con las muertes de ocho personas en la embestida de abril pasado en la planta de La Cruz Azul, nuevamente grupos de choque dirigidos desde ciudad de México, acechan la fábrica cementera de Tula, Hidalgo, para dar el golpe final.
Se reforzaron los recorridos de vigilancia en ese sitio toda vez que se prevé una nueva embestida con personas dispuestas a concretar la expulsión de los empleados y el lograr el control de la misma
Trabajadores de la ciudad cooperativa La Cruz Azul aseguraron que desde la madrugada de este martes se agrupan grupos de golpeadores que llegaron a puntos cercanos a la planta en autobuses y taxis con cromática rosa con blanco de CDMX.
Señalaron que los principales orquestadores deste nuevo acecho son la falsa dirigencia que ha perdido todo en Tribunales: Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Azures.
Este último, pieza clave por sus alcances con aurienses federales y locales, por la posición de su padre, magistrado Rafel Ansurez Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los trabajadores de la planta de Tula, responsabilizaron a estos personajes de cualquier confrontación o hecho de violencia que llegase a suceder.
Señalaron que tienen la clara intención de tomar por la fuerza la cementera con posible apoyo de autoridades que la vez anterior nada hicieron por impedir la confrontación y la pérdida de vidas humanas.
Recordaron que ese caso quedó sumido en la impunidad, ya que los autores intelectuales siguen libres y ahora con la intención de dar un segundo golpe que sea definitivo.
En ese sentido pidieron apoyo del Gobierno de México y del próximo gobierno de Julio Menchaca, así como del general Luis Rodríguez Bucio, director de la Guardia Nacional a mantener el orden y la integridad de los trabajadores.
Y es que las actuales autoridades estatales que comienzan a preparar su salida del gobierno, nunca mostraron imparcialidad y por el contrario, dejaron que Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y su abogado Rafael Azures, desataran extrema violencia.
Por esa razón, es momento que las autoridades federales y el nuevo gobierno de Hidalgo pongan manos a la obra y eviten un baño de sangre
