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Acusan “contubernio familiar” del alcalde de Toluca con gasera clandestinas

Los actos de corrupción que han permitido la proliferación de las gasera clandestinas en Toluca, son operados por familiares y funcionarios cercanos al alcalde de aquella entidad, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, denuncian integrantes de asociaciones civiles que han documentado estas irregularidades y que además se las han hecho llegar a la dirección de Protección Civil de Luis Felipe Puente, quien también hace caso omiso.

Los inconformes sospechan que el alcalde, por cada gasera que abre sin la Evaluación Técnica de Protección Civil y el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) -requisitos básicos y mínimos para que un expendio del combustible funcione en la legalidad- el alcalde, recibe una “mordida millonaria”, por lo que incluso piden la intervención del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador en esos actos de corrupción.

“El trabajo que le toca a hacer a la Fiscalía y a Protección Civil, lo estamos haciendo nosotros. Documentar las irregularidades, demostrar que están trabajando de manera ilegal y que las sucursales que ha abierto Gas Imperial son ilegales y no solo eso, son un riesgo para la comunidad y eso, ese trabajo debería ser de Protección Civil pero Luis Felipe Puente no hace nada, queremos evitar una tragedia”.

“Nosotros hemos seguido la ruta del dinero y sabemos que un familiar del alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, es quien gestiona todo, incluso las ganancias. También hay funcionaros que siguen sus órdenes, por eso consiguen los supuestos permisos de manera casi inmediata, pero uno que trabaja de manera legal, se encuentra con miles de trabas”, comentó, Francisco Patiño integrante de la Organización de Pipas, Portatileros, de Gas LP y Transporte en General (AGUM).

Los cuestionamientos tanto de la AGUM como de la organización civil, Conciencia Ciudadana, radican en que las más de 20 gasera que se han instalado en el municipio de Toluca, que corresponden a Grupo Imperial, no cuentan con la Evaluación Técnica de Protección Civil y el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), pero aun así, siguen operando.

“La corrupción es tan grande que las gasera de Grupo Imperial que clausuraron la semana pasada, ya las volvieron a abrir. De ese tamaño es, lo que pedimos es que se regulen, que al menos tengan los requisitos mínimos y evitar una tragedia, pero a las autoridades no les importan eso, solo el dinero”, expuso Israel Santana de Conciencia Ciudadana.

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