Una pensión digna para las viudas y huérfanos de personas fallecidas por hechos de violencia asociados al crimen organizado es el contenido de una iniciativa presentada por el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, con el objetivo de asegurar su subsistencia y desarrollo.
La propuesta del legislador del tricolor, que reforma el artículo 4° constitucional, establece que la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente y tendrá que ser permanente y exigible a través de la creación de un Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, que sería administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Para la integración del Fondo, se utilizarán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones.
Moreira argumentó que esta acción no se trata de asistencialismo, sino de justicia social que evite nuevas víctimas por la violencia del crimen organizado.
Indicó que las cifras de homicidios no solo cobran vidas, pues desarticulan familias enteras que se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Criticó que el modelo actual de atención a víctimas dependen de mecanismos de reparación del daño sujetos a disponibilidad presupuestaria y se han perdido instrumentos como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Explicó que la pérdida del sostén económico puede generar condiciones de precariedad que llevan al abandono escolar, trabajo infantil y cifras de exclusión social.
