Proponen operativos especiales durante el evento de Futbol 2026
Senadores del Partido Revolucionario Institucional presentaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y locales a fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y coordinación institucional contra la trata de personas y la explotación sexual durante el evento futbolero 2026.
La propuesta advierte que la llegada masiva de visitantes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes del torneo, representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía, pero también podría generar condiciones favorables para que organizaciones criminales cometan delitos, particularmente en perjuicio de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El exhorto está dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Turismo y a los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, con el propósito de que implementen operativos especiales, campañas de prevención y una estrategia integral de protección durante el desarrollo de la justa deportiva.
Asimismo, el grupo parlamentario planteó fortalecer la capacitación y sensibilización de prestadores de servicios turísticos, establecimientos de hospedaje, plataformas de transporte y personal de atención al público, para identificar posibles situaciones de riesgo, activar protocolos de denuncia y colaborar con las autoridades competentes.
Las y los legisladores recordaron que la trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, al afectar la libertad, la integridad y el libre desarrollo de las personas, por lo que señalaron que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, además de brindar atención a las víctimas.
El documento también destaca que organismos internacionales y especialistas han advertido que los eventos masivos pueden incrementar la vulnerabilidad de ciertos grupos frente a redes de explotación sexual y laboral, por lo que consideraron indispensable una coordinación permanente entre autoridades de seguridad, procuración de justicia, turismo, movilidad, protección civil y los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.
