La Consejería Jurídica del gobierno no justificó la reserva de la información por motivos de seguridad nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó respaldar la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en cuanto a que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, deberá entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del programa “Pegasus”. Con ello se da un revés al recurso interpuesto por la Consejería Jurídica del gobierno federal.

Al respecto hablo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá: “Tal como éste proyecto hace muy bien el reconocer, la contratación de un programa para realizar espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público pues implica el uso de recursos del estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así pues, considero que nos vemos obligados a reconocer el enorme peso del interés público que existe por conocer la información relacionada con este programa”.

De acuerdo con la resolución de la Corte, con base en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, la Consejería Jurídica no acreditó el hecho de que debiera reservarse la información por razones de seguridad nacional.