La garantía de mecanismos institucionales de protección para jueces que conduzcan asuntos relacionados con delincuencia organizada o delitos de alto impacto es el contenido de una iniciativa de reforma constitucional presentada en la Cámara de Diputados.
Se trata de una propuesta promovida por la diputada del PT, Mary Carmen Bernal, la cual estipula que se puedan establecer medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas la reserva temporal de la identidad pública de jueces, así como el uso de medios tecnológicos y protocolos institucionales que garanticen su integridad, independencia y ejercicio de su función.
La legisladora argumenta que los grupos criminales han desarrollado estrategias de presión intimidación y violencia contra funcionarios del sistema de justicia, como fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.
En este sentido, apunta que esta situación genera riesgos significativos para el funcionamiento del sistema de justicia penal, específicamente cuando las resoluciones pueden afectar los intereses de organizaciones criminales.
Destaca que la seguridad e integridad de las personas juzgadoras es un elemento indispensable para preservar la independencia judicial, por lo que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para que ejerzan sus funciones con libertad, sin temor a represalias.
Indica que la seguridad reforzada de jueces no implica una afectación al debido proceso ni a los derechos de las partes, sino una medida en favor de la libertad y autonomía.
