El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto informó que han podido generar 117 acuerdos para bloquear mil 447 cuentas vinculadas con grupos de trata de personas con un monto que permanece congelado en este momento por 147 millones de pesos.
Sin embargo, destacó la importancia de crear mecanismos jurídicos para recuperar los recursos generados por la trata.
Al participar en el Foro Hacia los 10 años de la Ley contra la Trata de Personas, organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Senado, el titular de la Unidad señaló que en “la trata de personas y el tráfico de drogas por lo general se pierde el dinero, necesitamos cambiar la normatividad para que ese dinero que permanece bloqueado que nadie reclama pueda ser trasladado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y pueda ser trasladado a la Tesorería de la Federación”.
Añadió que durante la pandemia, recibieron “2 mil 131 reportes de operaciones inusuales que han sido presentadas por parte del sistema financiero, de los cuales 63 reportes de operaciones inusuales están vinculadas con menores de edad en esta época de Covid”.
Los espacios donde hay una mayor transacción financiera de grupos vinculados a la trata son la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, y Tamaulipas.
De ahí que propuso reformar la actual Ley de Trata de Personas “para que el ministerio publico pueda solicitar notas de inteligencia financiera y otros documentos útiles para poder judicializar los casos no solo la lesión del derecho fundamental de las víctimas sino también desde el punto de vista financiero”.
Y con ello, congelar las cuentas “y porque no la devolución del dinero hacia las víctimas que han sido explotadas por los grupos delictivos”.
Finalmente, insistió en combatir la corrupción política que les da cobijo “no podemos entender la trata de personas sin la participación de las autoridades a nivel municipal protegiendo a los grupos delictivos. Y no se puede entender la trata sin la corrupción judicial o ministerial que les genera protección jurídica”.
