Erandi Bermúdez presentó una iniciativa de ley con la que se busca que las obras hídricas en el país estén distribuidas conforme a la disponibilidad del agua de cada región, a fin de permitir un equilibrio entre el cuidado ambiental y el desarrollo económico.
Bermúdez Méndez argumentó que el abastecimiento de agua afronta diferentes problemáticas; y la principal no es una cuestión de escasez, sino de distribución del recurso a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
“La demanda excede la capacidad de extracción, lo que ha provocado, en distintas regiones, una sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos y en la necesidad de recurrir a las aguas subterráneas, que ese es otro grave problema, en México hemos privilegiado la extracción de agua subterránea para poder dar agua a las actividades productivas y a las de consumo humano, y hemos dejado históricamente las aguas superficiales, como sucede en otros países, y nosotros es un tema que hemos dejado de lado y que hoy desgraciadamente tenemos estados como el de Nuevo León, que tiene un grave problema histórico que no tenía”.
En ese sentido, el senador por Guanajuato, comparó el acceso al agua del sur y el norte del país: En la zona centro-norte del país se concentra el 27 % de la población que genera el 79 % del PIB y cuenta sólo con el 32 % del agua renovable.
En cambio, en la zona sur, donde existe el 68 % del agua del país, se asienta sólo el 23 % de la población y genera solamente el 21 % del PIB.
La propuesta establece que la Comisión Nacional del Agua supervise que las obras de infraestructura hídrica estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del agua y así instrumentar mecanismos para mantener y restablecer el equilibrio hidrológico de nuestra nación y de los ecosistemas a través de un manejo sustentable del agua.
“No solamente entregar concesión por concesión, volumen por volumen, sin haber supervisado precisamente estos acuíferos que tengan la disponibilidad que requiere primeramente el consumo humano y después el tema de la producción”, recalcó.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
