La dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, a través de la subdirección de Recursos Materiales a cargo de Juan Carlos Suárez Guzmán, incurrió en diversas irregularidades en el proceso IA-51-GYN-051GYN005-N-45-2023 para la adjudicación del contrato abierto “Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Personal y Periférico, para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2024”. El Instituto determinó adjudicar a la empresa MAINBIT, misma que no cumplía con los requerimientos técnicos que se pedía en las bases, razón por la cual debería haber sido descalificada, además de que licitó 67 millones de pesos por encima del segundo lugar. Cabe destacar que estos mismos criterios si fueron aplicados a otras empresas que fueron descalificadas.
Estas irregularidades fueron reconocidas por los propios funcionarios de la dependencia quienes no firmaron el fallo. Tal es el caso de la subdirectora de Tecnologías de la Información y de la representante del Órgano Interno de Control, Blanca Maryed Gutiérrez, Gutiérrez, quién dijo “no avalar la documentación generada”, además de reservarse “el derecho de efectuar las revisiones respectivas en su oportunidad”.
De acuerdo con testimonios de los participantes en el proceso MAINBIT ya ha sido beneficiada con contratos millonarios mediante procesos de licitación “irregulares” en la Fiscalía General de la República, el SAT, la Guardia Nacional, la CNBV, entre otros y estaría relacionada con altos directivos de la filial mexicana de Hewlett Packard. Fuentes del propio ISSSTE señalan que este fallo pone en riesgo la operación tecnológica de redes internas de esta dependencia y se contrata en condiciones desfavorables al desechar de manera parcial e infundada propuestas con mejores condiciones técnicas y económicas, además de que se está validando un procedimiento altamente cuestionado no solo por los licitantes sino por los propios funcionarios públicos que participaron.
A decir de los propios licitantes, quienes ya han activado los procesos de inconformidad ante las dependencias correspondientes, este tipo de fallos afectan invariablemente la confianza en los procesos de venta públicos realizados por el gobierno ya que “claramente” se busca beneficiar “a toda costa” a empresas, en este caso relacionadas con Hewlett Packard, que no cumplen con los requisitos planteados por el propio gobierno lo que sienta un “precedente muy negativo”.
