La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que con la decisión de la Segunda Sala de la SCJN de declarar que diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, transgreden los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable, está beneficiando a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector.
En este sentido manifestó su total rechazo de llevar a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad a favor del proyecto, por lo que hizo un llamado al respeto entre los Poderes de la Unión y a evitar ataques sin sustento contra los integrantes del máximo tribunal de justicia en el país.
Así mismo, consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica para robustecer a la CFE, pero de las mismas características de la que acaba de ser rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho.
Por último, precisó que, aunque la concesión del amparo parte de la queja de seis empresas, de acuerdo con el resolutivo de la Segunda Sala se generará la misma consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista, pues, de lo contrario, provocaría que se aplicaran reglas dispares a las empresas amparadas, contraviniendo los principios rectores fijados por la Constitución para ese mercado.
