Industriales de la transformación si bien reconocieron que existe una mayor empatía por parte de las autoridades para combatir el contrabando y piratería de mercancías, aún falta mucho por hacer, ya que estos delitos siguen impactando en la competitividad del país, afirmó María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).
Quien agregó que de acuerdo con estimaciones del organismo, los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos al año en productos pirata afectando a sectores como textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco, además de generar pérdidas fiscales y colocar a las empresas formales en desventaja frente a quienes evaden impuestos y regulaciones.
“Cuándo entra al mercado una mercancía de contrabando o una falsificación, la empresa formal compite en desventajas frente a quienes evaden impuestos, regulaciones derechos de propiedad intelectual y obligaciones laborales, combatir el comercio ilícito es también defender a la industria nacional, hoy los retos del comercio ilícito utiliza nuevas rutas, nuevas tecnologías y canales de comercialización”.
Por su parte Edgardo Flores Campbell vicepresidente nacional de Seguridad Logística y Prevención del Contrabando de Canacintra, reveló que el robo de mercancías en carreteras es un delito que sigue poniendo en jaque a los transportistas.
“Y vemos la incursión incluso, bueno pues del crimen organizado en nuevos mercados ilícitos, en el abordaje de tramos carreteros en materia de seguridad logística, casi, casi intransitables o ingobernables, y hay muchos aspectos atribuibles en otras cosas, pues a la desaparición de Policía Federal asumirla a la Guardia Nacional, cambiarle el nombre; de gente que se asume o sustenta como de la Fiscalía de la República, y traen asoleados a los transportistas”.
En su momento Francisco Rivas Rodríguez director general de la organización civil del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) advirtió que en México lo ilegal se ha vuelto común e incluso se ha normalizado, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera pérdidas económicas, fiscales y de empleo.
