México merece un entorno donde la legalidad, la transparencia y certeza jurídica sean la mejor política para atraer inversión y construir un futuro con más oportunidades para todos, sin embargo, además del impacto económico para millones de ciudadanos, la corrupción sigue presente en la operación de las instituciones públicas.
Afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Juan José Sierra Álvarez, quien recordó que el año pasado, de acuerdo con el INEGI, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción.
“Durante 2025, 9.4 millones de personas fueron víctimas de algún acto de corrupción al realizar un trámite o solicitar un servicio público, el costo promedio por ciudadano alcanzó los 3865 pesos, el nivel más alto de la última década, en Coparmex cuatro de cada 10 empresas reportaron a haber enfrentado actos de corrupción al relacionarse con alguna autoridad, no podemos normalizar esta realidad”.
El líder del sector patronal a nivel nacional agregó que prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer.
“Hacemos un llamado para actuar con decisión, más control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno, sanciones contra quienes cometan actos de corrupción, trámites más simples y digitales que eliminen espacios para la discrecionalidad, canales de denuncia seguros que protejan la ciudadanos y empresas”.
Juan José Sierra advirtió que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales.
En este sentido, afirmó que un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos.
