Ante el bloqueo que realizan campesinos, en la autopista México-Puebla y el Arco Norte, quienes desde hace décadas exigen la indemnización por las tierras expropiadas para la construcción de dicha vía, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), exhortó a las autoridades a que encuentren una solución justa y expedita que contemple las legítimas demandas de los manifestantes sin afectar el bienestar de la colectividad.
Asimismo, solicitamos que las autoridades establezcan medidas preventivas y protocolos de respuesta efectivos para abordar de inmediato futuras demandas similares, evitando así que problemas como el actual escalen y continúen afectando la estabilidad económica y social del país.
El organismo patronal destacó que el cierre de estas importantes vías de comunicación está generando graves repercusiones en la movilidad de miles de ciudadanos y en las operaciones comerciales e industriales. La interrupción del tráfico en una arteria tan crucial afecta no sólo a nivel local, sino a todo el país, perjudicando la economía y el desarrollo social.
La recurrencia de estos bloqueos además de impactar a miles de personas, también tiene efectos a largo plazo en la confianza de los inversionistas y en la competitividad de nuestro país. La seguridad jurídica y el respeto a la ley son fundamentales para el desarrollo económico y social de México.
Por su parte la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), hizo un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno Federal para entablar un diálogo constructivo con los grupos inconformes que mantienen bloqueada la autopista México-Puebla y el Arco Norte.
Después de varias horas de interrupción en la circulación, consideramos esencial priorizar la apertura del diálogo y la construcción de consensos que permitan restablecer el tránsito vehicular en esta importante vía.
La autopista México-Puebla es un eje fundamental para el transporte de personas y mercancías, y su bloqueo prolongado genera significativos perjuicios económicos y sociales.
Agregó que es imperativo asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad y bienestar de los ciudadanos, y transportistas afectados por esta situación.
