El trabajo digno no se decreta: se construye con productividad, políticas realistas y respeto al tejido empresarial que sostiene México afirmó Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) cdmx, quien advirtió que la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, traerá graves repercusiones para las micro, pequeñas y medianas empresas, (MiPyMEs).
“La reforma incrementaría los costos entre 22% y 38%. Para una MiPyME con 10 empleados, esto implica un gasto adicional de hasta 432 mil pesos anuales. También existe el riesgo de cierre y desempleo: Cerca del 64% de las empresas consideran inviable operar bajo la nueva jornada sin afectar su capacidad de servicio, y un 44% anticipa despidos”.
La líder del comercio en pequeño en la ciudad de México, agregó que la medida representa un incentivo a la informalidad del 55 al 65 % en el sector comercio y servicios, donde operan el 95% de los negocios familiares.
Además de presiones inflacionarias y una contracción de la economía, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.
La presidenta de la Canacope agregó que la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana no toma en cuenta realidad en la que opera este sector.
“Que si bien la reforma promete “mejorar la calidad de vida”, ignora las realidades del sector: En primer lugar productividad contra horas: Tras la “ley silla”, las 48 horas semanales ya solo generan 42 horas productivas. Con la reforma caerían a 34 horas efectivas pero pagando 48. Sectores de operación continua: Comercio, servicios y turismo, que dependen del flujo del consumidor, no pueden reducir horarios sin afectar ingresos”
En este sentido destacó que se necesita dignificar el trabajo sin asfixiar a las MiPyMEs, por lo que rechazó una implementación rígida y exigimos un modelo basado en flexibilidad, incentivos y productividad.
“Deducción del 100% de nóminas para reducir la carga tributaria; que existan subsidios directos que cubran hasta el 60% de los costos laborales adicionales; flexibilidad laboral adaptada en la que haya acuerdos voluntarios entre el trabajador-empleador; jornadas de 40 o 48 horas según las necesidades del negocio; salario por hora; facilitar la adaptación en comercio y servicios”.
Por último destacó que también se necesita un Observatorio Nacional de Transición Laboral, esto es un órgano tripartito, esto es, gobierno, empresas y sindicatos, para ajustar políticas con datos reales.
