A pesar de la prórroga que dio la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro de las líneas de celulares, especialistas financieros de Banamex advirtieron que la “cuenta la pagarán” los hogares de menos ingresos, además de que se corre el riesgo de exclusión financiera y digital.
En una nota especial, los especialistas financieros advierte que el registro obligatorio de las líneas móviles enfrenta una falla de diseño al imponer al usuario costos inmediatos mientras el beneficio en seguridad es colectivo e incierto.
En este sentido destacaron que el 83 % del mercado móvil corresponde a prepago, segmento sobre el cual recae en su mayoría la obligación activa de registro.
Además para casi siete de cada diez cuentahabientes, el teléfono ya es la sucursal, por lo que se corre el riesgo de exclusión financiera y digital, ya que la línea móvil es la puerta de entrada al sistema financiero formal.
Los especialistas estimaron que al ritmo real de registro de las líneas de prepago, cerca de 26 millones de líneas llegarían a diciembre sin vincularse. En tanto que la pérdida permanente para el sector, sería cercana a 1,900 millones de pesos al mes, dicha estimación, explicaron se basa en el ingreso promedio mensual por línea reportado para el mercado móvil.
En su nota especial destacan que existe poca confianza institucional, destaca que la autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información, el riesgo de filtración, robo de identidad o uso indebido de sus datos, más los costos asociados al proceso de registrarse. “Si la confianza en las instituciones es baja y/o el historial de protección de datos se percibe como débil, los ciudadanos optarán por no registrarse, incluso pese a la amenaza de sanciones”, consideraron.
El grupo financiero consideraron que perder conectividad digital podría vulnerar derechos humanos, ya que en nuestro país, el marco constitucional reconoce expresamente el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
Por todo ello afirmaron que el rediseño institucional no resuelve el principal problema de los esfuerzos previos: los costos de cumplimiento recaen en el usuario, que enfrenta fricciones operativas y riesgos percibidos asociados al manejo de sus datos personales, mientras que el beneficio —una eventual reducción en delitos como la extorsión — es difuso y no verificable a nivel individual.
