El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoce el espíritu y los principios que inspiran la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ya que representan un paso significativo hacia un marco legal más justo, equitativo y sostenible en la gestión de este recurso vital para nuestro país.
Destacó que para alimentar a los mexicanos, el campo emplea en su proceso de producción de alimentos cerca del 76% del agua concesionada en el territorio nacional, por lo que representa un papel estratégico en la seguridad alimentaria de México y el mundo.
Por su parte la International Chamber of Commerce México (ICC Mexico), manifestó su preocupación por la reducción drástica de la vigencia de concesiones, restricciones imprecisas a la transmisión de derechos, así como la concentración de atribuciones en múltiples autoridades.
Esto puede comprometer la continuidad de cadenas productivas de primera necesidad, como la alimentaria, farmacéutica o energética, cuya operación es vital en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Además las medidas generan incertidumbre jurídica, afectando la toma de decisión de inversiones de largo plazo, encarecer bienes básicos para las familias mexicanas y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.
Por ello reiteró su disposición al diálogo técnico y constructivo para contribuir a una Ley General de Aguas que proteja el derecho humano y, al mismo tiempo, preserve la competitividad de México, su capacidad de atraer inversión y la continuidad de actividades estratégicas indispensables para el bienestar de la población.
